Cuando pienso en el turismo de naturaleza, entre muchos buenos lugares con buenos proyectos, me llaman la atención tres lugares, por ser muy buenos ejemplos de NO hacer un turismo sostenible y amigable con la naturaleza: Acapulco, de México, porque destruyeron un sitio de anidación de tortugas para construir hoteles sin ningún sentido, contaminando el aire, con luces que ahuyentaron las tortugas, y las aguas, con desechos que destruyeron; Lago Atitlán, de Guatemala, por sus horribles construcciones altas, su agua contaminada y su nefasta segregación entre ricos y pobres; Coatepeque, de El Salvador, que hubiera podido ser casi tan bonito como nuestra bella Laguna de Apoyo, pero, prácticamente, se ha ido todo el bosque en la fiebre de lotificar. A pesar de que fueron lugares de enorme potencial turístico, éste ha sido destruido por la mala planificación y gestión entre los inversionistas, las comunidades y los gobiernos. La triste realidad es que en nuestro mundo hay más malos ejemplos que buenos, de turismos que en el nombre de “eco” abusan a la naturaleza y a las culturas locales.
Hay un cuarto caso que vale contemplar también, el de una zona de belleza natural increíble, con el templo maya más pintoresco que he tenido el placer de conocer: Tulum, en la península del Yucatán. El agua azul del Mar Caribe llega hasta muy cerca de los cimientos del templo. Recientemente, la fiebre de especulación turística ha brotado ahí, trayendo varios autollamados “eco” albergues. El gobierno de México, al que nadie acusaría de ser de izquierda, ha clausurado a algunos de estos negocios “eco” en Tulum, por no acatar a las leyes en su gestión, entre ellas, leyes ambientales y derechos a uso de zonas costeras.
Un pilar central en el desarrollo sostenible del ecoturismo en el país es la gobernabilidad. No se puede desarrollar el “eco” turismo sin controlar los usos bajo leyes. En este país, el factor faltante de mayor importancia para el desarrollo del ecoturismo es una garantía de aplicación de las leyes en forma pareja. Es vital que un gobierno actúe beligerantemente con los pocos inversionistas que no apoyan las leyes ambientales, y no solamente para proteger los derechos de la mayoría, que son casuales “usadores” de la laguna, sino también para proteger los derechos de los inversionistas que quieren actuar bien y a favor del medioambiente, contra los pocos que tienen otros intereses. El inversionista que busca oportunidades en ecoturismo requiere la aplicación de leyes, por ende, no viene a un sitio donde las leyes no existen o no se acatan. Es una lección recientemente aprendida en un país que ha sido la mera cuna de “laissez-faire” gobierno, y sería una buena lección para Nicaragua si aprendemos con tiempo.
Hay varias personas en la Laguna de Apoyo con empresas interesantes, entre ellas hay una señora extranjera que lucha infatigablemente a favor de la laguna y siempre manifiesta buenas intenciones frente el ambiente y la ley. Su ejemplo amerita mención porque su negocio parece ser rentable y sostenible. Sería triste verle a ella perjudicada por las huellas ambientales de otros. Por otro lado, hay inversionistas en la Laguna de Apoyo que pretenden usar sus pasaportes extranjeros y sus promesas de inversión y empleo para dejar a un lado las leyes ambientales y derechos del público.
A nadie le gusta una intervención como romperle una construcción. Tampoco se amerita la polémica contra el gobierno que algunos han utilizado, haciendo referencias a turbas, porque todos sabemos que no tiene nada que ver. Todos los inversionistas y residentes en la Laguna de Apoyo saben que los treinta metros desde la costa son de dominio público, y que ese día llegaba, más bien temprano que tarde. Si hay pecadores aquí en este cuadro, pero no muchos santos. Los muelles, piscinas, ranchos, toldos y otros, construidos cerca de la costa, con poca o ninguna excepción, se han hecho sin los permisos adecuados, y en muchos casos para excluir el público de la costa y cobrar a los “cheles” para su uso, lo que es un pecado cardinal en este país. Incluso, hay gente que utiliza Internet y las agencias de bienes raíces para vender lotes que llegan hasta la costa, en plena violación de la Ley de Delitos Ambientales, la Ley de Aguas y la Ley General del Ambiente.
Lanzar una caza de brujas entre los diferentes sectores involucrados, sobre quién es el más culpable, no alcanzaría ningún objetivo bueno. Yo propongo que nosotros, dentro la sociedad civil, con interés en esta bella laguna, hagamos un “pacto” sin distinción partidaria: que cada persona con intereses en la Laguna de Apoyo se comprometa públicamente a acatar todas las leyes ambientales desde un inicio. Esta propuesta ya he llevado a varias personas, con algún éxito. A quién pertenece la zona costera y quien tiene potestad de acción y coacción debe decidirlo la ley, pero existe la duda sobre este compromiso desde todos los lados.
Otro punto sobre el que debemos de coincidir todos en un “pacto” es en el que vale la pena salvar la laguna de Apoyo. Para algunos es nada más que bienes raíces; para otros es un sitio mágico, por su bello paisaje y sus aguas cristalinas, por su naturaleza, por sus leyendas y tradiciones. Mucha gente y yo estamos dispuestos a sacrificar mucho en términos personales para asegurar que nuestros nietos la disfruten. Quienes no desean trabajar mano a mano con las leyes ambientales en Nicaragua pueden vender sus “inversiones” a quienes sí desean impulsar verdaderos proyectos “eco”, a como lo estipulan la Ley General del Ambiente y su Reglamento de Áreas Protegidas. Por favor, inversionistas, dueños y propietarios, vecindarios y visitantes, personas interesadas en el buen desarrollo ambiental en Nicaragua: hagamos lo mejor para esta laguna y no para el beneficio de pocos. Levantemos la voz a favor de ella y a favor de las leyes ambientales en este país.
*Biólogo
